Gobierno

Aunque una ley obliga a escuelas, cárceles y Cen- Cinái a comprarle su comida al CNP con el argumento de que se beneficiará a pequeños y medianos productores, documentos internos del Consejo Nacional de Producción (CNP) revelan que esa institución adquiere parte de los productos en grandes empresas.

La directora de Migración y Extrajería dijo que de esos 88 casos, 45 están en análisis legal para determinar el estatus migratorio de esas personas y que, en otros 33, ya se aplicaron medidas migratorias de rechazo de ingreso o expulsión.

La presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Delia Villalobos, la jerarca del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Yanina Soto, y la del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Sonia Montero, sobresalen en el reporte de salidas al exterior por ser las únicas que nunca han realizado un viaje de trabajo desde que inició la administración de Luis Guillermo Solís, en el 2014.

Los días que han estado de viaje el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Minor Rodríguez, y la presidenta de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, suman más de 90 días.

El Director General de la Imprenta Nacional, Carlos Rodríguez Pérez presentó su renuncia este lunes, confirmó vía telefónica el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega.

El Consejo Nacional de Producción (CNP) asegura que tomará las medidas necesarias para que los niños de los Cen-Cinái y los policías de la Fuerza Pública dejen de reciben alimentos en mal estado y de baja calidad de parte de los proveedores de esta institución.

El comisionado José Domingo Cruz, director de la Región Brunca Sur de la Fuerza Pública, recibe "frecuentemente" quejas de las delegaciones sobre la calidad de la comida que les entregan los proveedores del Consejo Nacional de Producción (CNP).

Ante la polémica por los créditos tan favorables que el Infocoop ha distribuido entre cooperativas, el Libertario presentó un proyecto de ley para ponerle fin a esa institución que maneja una cartera de préstamos de más de ¢113.000 millones alimentada con fondos públicos. "Esta iniciativa permite que nos economicemos la burocracia de la institución, elimina el gasto superfluo y corrupto", dijo Otto Guevara.