El deterioro fulminante de Ecuador reclama seria atención en Costa Rica
Eduardo Ulibarri
Ecuador cayó desde el domingo en el escenario más grave posible de la inseguridad pública: una arremetida abierta y feroz de sus peores carteles de droga. El saldo es aterrador: una decena de muertes, motines carcelarios inducidos, secuestros de policías, ataques contra periodistas y otros actos violentos alrededor del territorio. Y no se detiene.
Con su fatídico desplante, los capos buscan proyectar un poder que excede sus tradicionales cotos, infundir terror social, generar caos, doblegar por completo al Estado y mantener el dominio que el joven presidente, Daniel Noboa, ha decidido reclamarles. La situación no llega a una guerra, pero así la han proclamado los narcos y Noboa, quien primero declaró un estado de excepción y, luego, de conflicto armado interno. Así, además, la percibe la gente.
En apenas cinco años, Ecuador saltó de una reducida actividad criminal (5,84 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en el 2018) al descontrol: 46 por cada 100.000 en el 2023, más la metástasis de los carteles. Una mirada al retrovisor lo explica, pero para nada lo justifica.
El origen está en la geografía, que es destino: entre Perú y Colombia, los mayores productores de drogas en Suramérica. Y en su evolución pueden identificarse distintos fenómenos en secuencia: fracturas sociales, descuido, falta de prevención, ausencia de estrategias integrales, reacción tardía, evasión de responsabilidades, colapso del sistema penitenciario, corrupción, captura institucional y miedo, mucho miedo, hasta llegar a la disyuntiva actual, de aceptar convertirse en narco-Estado o enfrentar a los capos y entrar en “guerra”. Es lo que ha hecho Noboa, con valentía.
El deterioro fulminante de Ecuador reclama seria atención en Costa Rica. No es un curso inevitable, pero tampoco imposible. Y no dependerá de la suerte o la retórica, sino de qué hagan las autoridades y qué aporte la sociedad para frenar la escalada: entre el 2021 y el 2023 pasamos de 11,4 a 17,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Como a Ecuador, no nos favorece la geografía, nuestro tejido social se ha desgarrado, la prevención es reducida, no existe una verdadera estrategia y el traslado de culpas impera. En resumen: vamos mal. Y si el Ejecutivo no comienza con un profundo cambio de actitud, nos arriesgamos a esa misma ruta.
